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| Foto: Universidad de Cartagena |
En el marco del proceso de construcción de la Política Pública de Educación Ambiental, se desarrolló una nueva jornada de trabajo interinstitucional orientada a consolidar los lineamientos estratégicos que guiarán su implementación en el territorio.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de formulación, luego de la entrega de un diagnóstico que permitió identificar seis grandes retos o propósitos generales. A partir de estos, se definieron los objetivos de política que servirán como base para estructurar una estrategia integral de educación ambiental.
Durante la reunión, el equipo técnico —en articulación con el EPA— avanzó en el diseño de la cadena de valor de la política, la cual contempla la definición de propósitos, identificación de beneficiarios y la estructuración de productos, metas y resultados esperados. Este ejercicio se proyecta con un horizonte de 16 años, lo que permitirá orientar acciones sostenibles a largo plazo.
Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la revisión de la asignación de responsabilidades entre las distintas entidades involucradas. Dado el carácter transversal de la política, se prevé la participación de múltiples actores institucionales, entre ellos la Secretaría de Educación, EPA, CARDIQUE, Parques Naturales y diferentes dependencias de la administración distrital, especialmente en contextos rurales e insulares.
El objetivo de esta fase es lograr acuerdos claros sobre los roles de liderazgo y el alcance de las competencias de cada entidad, lo que permitirá contar con un plan de acción concertado. Este documento incluirá además la articulación con la Secretaría de Hacienda para la definición de fuentes de financiación.
Se espera que, hacia el mes de mayo, el documento consolidado sea validado por las entidades participantes y presentado ante la Secretaría de Planeación Distrital para su revisión, en el marco del proceso de adopción de la política pública.
Como parte del proceso participativo, la próxima reunión contará con la participación de actores cooperantes del sector empresarial y de servicios públicos, como Ecopetrol, Veolia, Afinia, Aguas de Cartagena y otros concesionarios. Aunque estas entidades no tienen una responsabilidad directa en educación ambiental, su rol en la gestión ambiental de la ciudad y sus acciones de responsabilidad social empresarial las convierten en aliados estratégicos para la implementación de iniciativas y el fortalecimiento de la política.
Este ejercicio de articulación busca consolidar una política pública sólida, participativa y sostenible, que contribuya a la transformación de la cultura ambiental en el territorio.